La Informalidad Laboral en la Ciudad de México, tercer trimestre de 2025
En 2025, al tercer trimestre del año, la informalidad en el país alcanzó a más de 32,990,238 de personas. Esto significa que más del 55.4% de la población ocupada se encuentra en la informalidad. La informalidad laboral se refiere a situaciones en las que las personas ocupadas, remuneradas o no, trabajan fuera de los sistemas legales de registro, regulación y protección social.
En los empleos informales las personas trabajadoras carecen de contratos escritos y prestaciones básicas de seguridad social (aguinaldo, salario mínimo, reparto de utilidades, seguros médicos, entre otros). Esta situación no solo limita la capacidad económica de la población trabajadora y el consumo en los hogares, sino que también reduce la productividad laboral, al propiciar una elevada rotación del personal, una escasa inversión en capacitación y la proliferación de esquemas laborales precarios que reproducen y profundizan las desigualdades al interior de los centros de trabajo.
La evidencia empírica muestra que las personas trabajadoras informales tienen entre tres y cuatro veces más probabilidades de vivir en pobreza que quienes acceden a empleos formales. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 61% de las personas ocupadas en el mundo se encuentran en la economía informal. En las Américas el promedio de trabajadores en informalidad alcanza al 40% de la población, con mayor incidencia principalmente entre las mujeres. México se ubica entre los países con mayores niveles de informalidad laboral. Para 2025, la tasa de informalidad promedio de la economía mexicana fue de 55.4%, una proporción inferior a la de Perú (72.1%), Ecuador (68.6%) y Paraguay (67.6%), pero considerablemente superior a la de Chile (27.5%), Uruguay (28.5%), Brasil (36.5%) y Costa Rica (37.4%).
Más allá de sus implicaciones materiales, la informalidad afecta la identidad de quienes la experimentan. La ausencia de regulación laboral propicia prácticas sistemáticas de abuso, acoso y coacción, cuyos efectos psicosociales se acumulan en el tiempo. Trabajar en contextos de informalidad no solo limita el acceso a derechos, sino que también bloquea la capacidad de la clase trabajadora para organizarse colectivamente y exigir su cumplimiento. Esta condición expone a las personas a múltiples formas de vulnerabilidad, inestabilidad y distintas expresiones de violencia tales como jornadas laborales excesivas, retrasos en los pagos, despidos injustificados y la carencia de condiciones adecuadas de seguridad e higiene, y situaciones que restringen la libertad de organización y sindicalización, lo que refuerza un círculo de desprotección estructural y precarización persistente.
En el plano institucional y fiscal, la informalidad laboral ha limitado históricamente la capacidad del Estado para financiar y ampliar el sistema de seguridad social. En 2026, apenas el 6.3% del total de los ingresos del gobierno proviene de las contribuciones a la seguridad social —la proporción más baja entre los países de la OCDE y de América Latina—.
En este contexto, la informalidad laboral responde menos a decisiones individuales que a la concentración de actividades económicas poco reguladas por el Estado y a formas de inserción laboral que trasladan los riesgos a las personas trabajadoras, incluso cuando estas se articulan funcionalmente al sector formal mediante esquemas como los contratos por honorarios.
Desde la apertura comercial y la reestructuración productiva que México vivió en las décadas de 1990 a 2010, la estructura laboral del país se transformó y permitió una enorme tercerización del trabajo, mientras que gran parte de la población ocupada también migró hacia actividades como el comercio minorista y los servicios personales, caracterizados por alta rotación, bajos ingresos y escasa protección laboral. En este contexto, la informalidad dejó de ser una alternativa temporal frente al desempleo para convertirse en una forma recurrente e incluso estructural de inserción laboral.
En términos analíticos, es necesario distinguir dos dimensiones de la informalidad. Por un lado, el empleo informal, que alude a la ausencia de protección social derivada del trabajo, incluso cuando la actividad se realiza en empresas formalmente registradas. Este es el caso de personas subordinadas sin seguridad social, contratadas por honorarios o bajo esquemas que no garantizan derechos. Los datos indican que, al tercer trimestre de 2025, más de un millón de personas (1,076,632) eran informales y trabajaban dentro del sector formal en la Ciudad de México, en empresas y en el gobierno. En términos brutos, este tipo de trabajadores constituye el 47.3% de la informalidad total en la Ciudad.
En la informalidad también se encuentran las personas que laboran en ocupaciones desarrolladas en unidades económicas no registradas ante la autoridad fiscal, como micronegocios, talleres familiares o actividades autónomas sin formalización contable, entre ellos el comercio informal, también clasificado por Alva (2025) como economía popular.
En la Ciudad de México, donde el dinamismo económico convive con profundas desigualdades laborales, la informalidad laboral constituye uno de los desafíos más apremiantes para el trabajo digno, ya que este fenómeno del empleo no se limita a una dicotomía simple entre formalidad e informalidad, sino que adopta formas complejas, empleados autónomos con ingresos altos pero informales, empleados autónomos con ingresos bajos también informales y trabajadores subordinados sin prestaciones.
La ocupación informal se expresa en múltiples modalidades tanto en relaciones de trabajo subordinado como en esquemas de trabajo independiente orientados a la generación de ingresos. Asimismo, se manifiesta en diversos ámbitos productivos y territoriales, en entornos urbanos y rurales, trabajo doméstico y comunitario, micro y pequeñas unidades económicas, empresas formalmente registradas e incluso en determinadas áreas del sector público, atravesando prácticamente todas las ramas de actividad económica de la ciudad. La superposición de personas trabajadoras informales dentro de empresas formalmente, así como personas con vínculos formales de trabajo insertas en unidades productivas de carácter informal, evidencia que la informalidad es un rasgo estructural del mercado laboral capitalino, más que una condición marginal o transitoria.
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